La Ciudad adquirirá más equipos para reprimir las protestas sociales

La Ciudad adquirirá más equipos para reprimir las protestas sociales

Adquirirán equipos de protección corporal y armas de baja letalidad, aunque todas pueden ser mortales. Gastarán 127 millones de pesos.


La Subsecretaría de Administración del Ministerio de Seguridad porteño lanzó una licitación para adquirir equipamiento antidisturbios y aumentar la capacidad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para reprimir los piquetes que proliferan en las calles porteñas.

El equipo que se ocupa de la seguridad gastará 127 millones y medio de pesos para entregarles a los policías antidisturbios 1.600 cascos, máscaras antigas, escudos especiales, protectores de poliamida para hombros, espalda, clavícula, brazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos. De esta manera se van a parecer a jugadores de “american football” recargados, aunque con tanto blindaje estarán más cerca de apócrifos guerreros medievales de cepa criolla. También serán adquiridas máscaras que contienen filtros antigás contra polvos, gas, bacterias, virus, sus propios gases lacrimógenos y otros agentes químicos, biológicos y radiológicos. Estas máscaras se parecen más a las que adquieren los ejércitos del mundo que a las que utilizan las policías. Por eso, cabe preguntarse: si estos equipos se asemejan a equipos de guerra, ¿contra quién es la guerra?

El proceso de compra 2900-1398-LPU16 incluirá también otros tipos de armamentos, éstos de tipo ofensivo, porque los hasta aquí descriptos son de carácter defensivo. Se trata de las “less lethal weapons”, es decir, armas de baja letalidad, que incluyen 100 carabinas y 200 lanzadores calibre 68, que sirven “para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos”. Disparan proyectiles de pintura para marcar manifestantes, postas de goma para herirlos o gas pimienta para neutralizarlos.

Al mismo tiempo en que será adquirido todo este equipamiento, el Gobierno nacional (ver link adjunto) presentó un proyecto de modificación del Código Penal, cuyo objetivo es el de liberar de prohibiciones a la policía y a las autoridades de los organismos de seguridad en las tareas de represión de las protestas sociales, las que seguramente el Gobierno supone que arreciarán en los próximos años. Sino, no se explica tanta prevención.

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