Padelai: Desalojo, resistencia, negocios e infiernos

Padelai: Desalojo, resistencia, negocios e infiernos

Muchos debieron irse, pero quedaron antiguos residentes que piden derechos que no les fueron reconocidos. Son los propietarios del edificio, que se les expropió pero no se pagó. Una jueza obstinada.


A pesar de que el inmueble del antiguo Patronato de la Infancia (Padelai) figura en el Registro de la Propiedad a nombre de una cooperativa que formaron sus viejos residentes, el edificio -que habitaban actualmente unas 60 familias- fue desalojado casi totalmente por orden de la jueza del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Lorena Tula del Moral.

De todos modos, funcionarios del Gobierno sostuvieron que existió una ley de expropiación que habilita al desalojo, aunque fueron refutados por los letrados que asesoran a los residentes, que reclamaron que se les abone el monto de la indemnización que figura en esa misma ley y que, hasta tanto esto no ocurra, la propiedad sigue siendo de los hoy desalojados.

De todos modos, no hubo manera de encontrar otra salida, ya que los negociadores del Gobierno llegaron a las 6:30 de la mañana del miércoles y convocaron a los vecinos de a uno y no colectivamente. Así, ya a las 7:30 comenzaron a trasladar las escasas propiedades de quienes aún vivían en el lugar. Hasta las 20:00, el desfile de los desalojados fue incesante.

Sólo un pequeño núcleo duro, asesorado por el Ministerio Público de la Defensa porteño, resiste aún el desalojo. De todos modos, es preocupante que su pedido a la jueza Tula del Moral de frenar el desalojo haya sido rechazado por ésta.

Una historia llena de vicisitudes

Los residentes del antiguo Padelai debieron enfrentar una larga lista de vivencias, desde la presencia de matones armados en el interior del edificio hasta la conflictiva actividad de un traficante de estupefacientes y algún otro intento de desalojo, incluso exitoso. Paralelamente, existió un plan para asentarse definitivamente en el lugar y hasta un proyecto arquitectónico que lo hiciera posible. Entretanto, algunos siempre volvían, aunque los echaran.

Así, el Padelai fue desalojado en 2003 por orden del jefe de Gobierno Aníbal Ibarra para demoler el edificio, cuyo desmonte fue suspendido por su condición de edificio histórico y su gran valor patrimonial. En 2009, el sucesor de Ibarra y actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmó un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para construir allí un Centro Cultural Español.

En 2011, la AECID llamó a un concurso arquitectónico para reciclar el edificio, que fue objetado por la Sociedad Central de Arquitectos argentina. El reclamo de los profesionales de la construcción estaba basado en que sólo habían sido convocados arquitectos ibéricos y sólo un argentino intervenía en el proceso, como jurado. En 2012, el edificio volvió a ser ocupado por muchos de sus antiguos residentes, que reclamaron la construcción de las viviendas que se les habían prometido. Nunca obtuvieron respuesta, por lo que encararon múltiples protestas callejeras, también sin resultados para su reivindicación.

Finalmente, en el mes de junio de 2012, el Gobierno español comunicó que abandonaba el proyecto de construir el Centro Cultural de España en Buenos Aires, en parte por el conflicto con los residentes, pero principalmente por el ajuste económico que encaraba por entonces el presidente Mariano Rajoy.

La última curiosidad de este proceso, que es casi un espejo de la historia de los más pobres en la Ciudad de Buenos Aires -territorio hostil para ellos-, es la intransigencia de la jueza, que es la hija del fallecido exconcejal radical Pedro Tula del Moral.

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