El proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación encierra un trasfondo político-judicial que afectará, en caso de ser sancionado, así y tal cual fue elevado al Parlamento Nacional, la independencia de la Administración de Justicia.
Detrás de las problemáticas planteadas y estratégicamente elegidas por el Gobierno Nacional para su discusión pública, se esconde un plan que afecta directamente a uno de los Poderes de Estado: el Poder Judicial de la Nación.
Una de las cuestiones cuidadosamente seleccionadas es instalar en la sociedad las bondades del sistema acusatorio.
Y por supuesto que el sistema acusatorio es mucho más rápido y ágil que el sistema inquisitivo y la experiencia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así lo demuestra.
Pero sepamos que la intención detrás de la reforma es crear y designar 1700 cargos públicos y otorgar plenas facultades discrecionales a la Dra. Gils Carbó para que pueda redistribuir las causas existentes y determinar qué fiscal investigará las nuevas.
De esa manera designará a su antojo al fiscal militante que investigará o no, tal cual hecho.
Teniendo presente los antecedentes de la Procuradora General de la Nación, de su militancia con el relato Nacional, y de la organización a la que pertenece -Justicia Legítima- obviamente cubrirá esos cargos con personas que comulguen con su ideología política.