“La ley de inteligencia del 2001 tuvo un trámite legislativo de 20 días”. Con estas palabras Zanini resaltó -anunció-, el martes en el Congreso, que no hay necesidad de debate abierto a la sociedad, ni con los partidos con representación en el Parlamento, que por cierto no están participando.
El proyecto presentado por el poder ejecutivo aumenta el poder del máximo órgano de inteligencia para incidir en investigaciones criminales de la justicia y redefine el concepto de inteligencia nacional rompiendo con el consenso logrado en 2001 que respetaba la clara distinción entre tareas de inteligencia dirigidas a defensa nacional y seguridad interior. Por lo cual, no sólo no corrige los problemas de la actual Ley, sino que la empeora.
Estas son sólo algunas de las observaciones señaladas en el Senado por un organismo de DDHH afín al gobierno y un diputado provincial oficialista especialista en la temática. A lo cual debemos sumarle los reclamos de muchas organizaciones sociales para realizar una depuración del personal, de la mano de una investigación sobre su accionar en los últimos años, que implica la apertura de archivos. Así como también la quita de funciones operativas a la nueva agencia.
Si bien esta ley se aboca al funcionamiento y al control por parte del mismo Estado, no sólo debe rediseñarse el sistema para quitarle autonomía a la exSIDE y normar los mecanismos de control entre poderes, sino también pensar una serie de reformas necesarias y complementarias relativas a los datos personales de la ciudadanía y la transparencia estatal.
Es urgente darle autonomía y autarquía a la actual Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para que audite el uso de bases de datos de organismos del Estado, lo que no ha sucedido desde su creación. Así como también impedir la casi libre circulación de nuestros datos entre agencias públicas sin nuestro consentimiento. Por otro lado es necesaria una regulación nacional en materia de videovigilancia para que los negocios no fomenten la invasión a la privacidad creando una capacidad instalada para realizar inteligencia discrecional por diversos agentes. Sancionar una Ley de información pública, como lo hicieron 19 países de América Latina, para que la sociedad civil pueda asegurarse de que el Estado está efectivamente controlado, deslindar el DNI de la tarjeta SUBE para que no se monitoreen los movimientos de todos en tiempo real, modificar la ley de identificación de la dictadura de Onganía, entre otras cosas.
Hablar de un nuevo paradigma en la inteligencia nacional no implica solamente una imprescindible y debatida reforma integral de la Ley de Inteligencia, sino también hablar de otras reformas que brinden más herramientas a la ciudadanía para revertir la tendencia a ser considerados objetos de vigilancia y fortalecernos como sujetos de derechos.
*Sociólogo. Red latinoamericana de Vigilancia, Tecnología y Sociedad, y Equipo Verde al Sur.