Pareciera ser que la sanción del Código Procesal Penal de la Nación, enviado por la Presidenta, es inminente. Pocas dudas quedan, después de ver su tratamiento exprés en el Senado y la voluntad de copiar este mecanismo, ya usual, en la Cámara de Diputados.
Una vez más, no tenemos otra opción que expresarnos en pos de un debate abierto y riguroso sobre una herramienta tan importante como lo es un código procesal penal. Es necesario un profundo tratamiento y análisis para lograr una real reforma al sistema judicial nacional, que viene sufriendo tantos golpes y vaivenes en los últimos años.
Una verdadera reforma contemplaría el final de un estado de impunidad que estamos viviendo continuamente durante la última década. Todos los días la sociedad padece hechos de inseguridad, corrupción y desdén por parte del Gobierno Nacional frente a la falta de una justicia independiente.
Para cambiar esta realidad, hay que recalcar la necesidad de una reforma, pero debe ser una modificación integral y que proponga un código procesal federal, con las consideraciones especiales que delitos de este tipo ameritan, tales como el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción. En definitiva, copiar códigos de jurisdicciones provinciales, como se observa en la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional que se encuentra hoy en tratamiento, no sirve.
A su vez, es primordial mantener la independencia del Poder Judicial, que se ve seriamente cuestionada en el código que está por aprobarse, ya que se le otorga un poder indiscriminado a los fiscales, que dependen de la Procuradora General de la Nación Gils Garbó,. Esto no hace más que reforzar la preocupación de esta reforma intempestiva, observando el contexto en el que se realiza y teniendo en cuenta que la actual Procuradora General de la Nación responde directamente al kirchnerismo. Por lo cual, si quienes investigan no son independientes, se garantiza el estado de impunidad y el mantenimiento de la corrupción.
Además, en una reforma del sistema judicial como la que se está proponiendo, nuevamente se observa la falta de inversión de este Gobierno en infraestructura, obras y tecnología para que los actores del Poder Judicial puedan cumplir sus tareas de manera más eficaz, eficiente y transparente mediante el uso de elementos tecnológicos más modernos y en edificios acordes para el ejercicio de su función.
Esta semana el proyecto está siendo tratado por las comisiones en la Cámara de Diputados, y ya tiene fecha de tratamiento en el recinto para la semana que viene. Todo indica que la decisión está tomada y la sociedad argentina, una vez más, se verá sometida a un cuerpo normativo pensado para unos pocos y no para el conjunto de personas que constituye esta Nación.
El avasallamiento de los derechos no sólo se está dando en el día a día a través de los hechos de inseguridad, sino también por la falta de respeto por las instituciones y la imposición de un pensamiento político de un gobierno de turno que está dejando plasmada en la legislación argentina herramientas para su provecho y a su discreción.
Si bien, es necesario actualizar el sistema judicial, es imperante mantener la independencia del Poder Judicial, tal como lo establece la Constitución Nacional, y debatir y consensuar las modificaciones a realizar para que se conviertan en reglas que todos debemos cumplir por igual.