Este lunes, la diputada porteña Natalia Fidel (ECO), Matías Bagnato, Carolina Píparo, Franklin Rawson, y otros familiares y víctimas de casos icónicos de inseguridad pidieron, en el marco de un panel abierto, que la Legislatura trate el proyecto que promueve la creación de un Abogado Oficial para Víctimas de Delitos.
Junto a representantes de las asociaciones Madres del Dolor y Usina de Justicia, la legisladora Fidel presentó públicamente su proyecto de ley que busca garantizar patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de delitos, sin importar su condición socioeconómica. La iniciativa fue respaldada por los familiares presentes, quienes reclamaron que la Comisión de Justicia de la Legislatura lo ponga en tratamiento.
La legisladora fue la encargada de dar apertura a la mesa de debate y reflexión titulada “La inseguridad y las víctimas de delitos” y presentó a sus integrantes manifestando: “Son los testimonios de quienes nos acompañan los que nos permitirán tomar real conciencia de la situación de vulnerabilidad e indefensión que tienen las víctimas y los familiares de las víctimas de delitos. Las difíciles experiencias, son el fiel reflejo del mundo del revés en el que vivimos, donde los delincuentes tienen más derechos que las víctimas y donde quienes sufrieron la injusticia producto de un delito, luego sufren también la injusticia de un Estado que no los acompaña ni los tutela”.
Matías Bagnato, sobreviviente de la Masacre de Flores, contó su caso y brindó su apoyo al proyecto. “Yo tenía 16 años y un monstruo quemó a mi mamá, mi papá y mis dos hermanos, yo me quedé en la calle, con nuestra casa incendiada y una abuela que tuvo que enterrar a toda su familia en una noche, ¿y además tengo que pagarme un abogado?”, inquirió.
Carolina Píparo, cuyo hijo Isidro falleció tras ser baleada en un robo, se manifestó en igual sentido: “Yo estaba internada en terapia intensiva con mi hijo, en una situación que no elegimos, y teníamos que contratar un abogado. En cambio, el delincuente, que sí eligió pasar por esta situación, tenía un defensor oficial puesto por el Estado. El abogado oficial para la víctima es muy importante porque es muy injusto, después de pasar por lo que pasamos, tener que pagar por una querella”, dijo.
En la misma línea, Franklin Rawson, papá de Ángeles, quien contó que en su caso tuvo “la suerte de tener un abogado amigo que se hizo cargo del caso y que fue fundamental para poder conseguir justicia”. Sin embargo, consideró que “la víctima no puede quedar librada a la suerte y tener un abogado oficial serviría para equilibrar la balanza de la justicia, que hoy está inclinada a favor del delincuente”.
Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, quien fue asesinado en un hecho vial, contó: “Tuvimos que pagar de nuestro propio bolsillo las pericias sobre el cuerpo de nuestro hijo, pericias que son carísimas e innacesibles”. Por su parte, Eduardo y Nora Tonello, padres de Pablo el ciclista asesinado en 2014 en Olleros y Libertador, manifestaron que “la ausencia de un abogado desde el principio fue lo más negativo, al punto que llegamos al juicio por la muerte de nuestro hijo sin poder ser parte, mirándolo como parte del público.”
Por último, quien habló fue Luis Filippone, hermano de Cynthia Filippone y cuyo caso fue conocido como “el crimen de la artesana”, consideró que “el abogado oficial es fundamental”. “A mí me pasaron un presupuesto de 25 mil dólares para poder ser querellante, y es algo que el común de la gente no puede pagar. ¿Cómo puede ser que la víctima tenga que pagar para poder reclamar justicia en el proceso penal?“, concluyó.