El lunes, el presidente Mauricio Macri dictó el Decreto N° 358/2017 que formalizó legalmente un trabajo que, desde hace meses, se viene realizando a nivel nacional por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros con organizaciones sociales: un relevamiento nacional de barrios populares y de sus habitantes.
El Decreto crea el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) que constituirá la base de las políticas tendientes a la regularización dominial, a llevarse a cabo mediante la implementación de la Ley N° 23.967. La administración y la gestión del registro quedaron en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
La AABE será el organismo responsable de emitir un Certificado de Vivienda Familiar, para ser entregado por la Anses a los Responsables de Vivienda incluidos en el (RENABAP). El decreto estableció que el instrumento se considerará un documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; pedir CUIT, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.
Esta ley, de los noventa, estableció la transferencia de las tierras del Estado nacional, sus empresas y entes descentralizados, ocupadas por viviendas permanentes, a las provincias y a la Ciudad, para su posterior venta a los actuales ocupantes o incorporación a los planes de vivienda social, para familias de recursos insuficientes. Se anunció que el registro iniciará un proceso orientado a la regularización de la relación jurídica de los habitantes de los Barrios Populares con el suelo que ocupan.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad celebraron el dictado del Decreto N° 358/2017 y manifestaron “el enorme reconocimiento a la fuerza y convicción de las organizaciones (CTEP – TECHO – Barrios de Pie – CCC) que lograron esta política pública e hicieron posible la ejecución del relevamiento”.
A continuación, el comunicado que emitieron desde el observatorio:
1. Destacamos que el registro y esta política se anuncia fundada en el paradigma de los derechos humanos y que la vivienda sea reconocida como un derecho humano.
2. Se reconoce que los procesos de integración urbana (reurbanización) son necesarios para el ejercicio pleno de los derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, consagrados por la Constitución nacional.
3. Se declara que la integración social y urbana no implica únicamente la entrega de títulos de propiedad sino que debe contemplar otras dimensiones que permitan igualar los barrios populares al resto de los barrios de la ciudad en condiciones de habitabilidad, en acceso a los servicios públicos, en equipamiento urbano, etc.
4. Este decreto viene a operativizar la Ley N° 23.967 que fue aprobada hace más de 25 años. Esto demuestra la ausencia de políticas serias para evitar el incremento de villas y de la población que vive en ellas en todos estos años.
5. Esperamos que a futuro este programa no quede únicamente en la entrega de Certificados de Vivienda Familiar sino que sea el inicio de una política participativa de procesos de integración social y urbana en cada uno de los Barrios Populares.
6. La visibilidad y reconocimiento estatal de los Barrios Populares requiere que se adopten políticas inmediatas para afrontar las emergencias actuales (sanitarias, servicios públicos, etc.)
7. Se creó la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares integrada por representantes de los organismos nacionales competentes. Se establece que esta Mesa debe coordinar políticas participativas y la colaboración de asociaciones y organizaciones sociales.
Constituye una deficiencia democrática no haber establecido en el mismo decreto de creación de la Mesa las instancias participativas para que las políticas de integración social y urbana sean pensadas y ejecutadas con las organizaciones sociales y los habitantes de los Barrios Populares. Esperamos que este espacio participativo sea creado prontamente.
8. La regularización dominial (o mejor dicho la regularización de la posesión del suelo) debe contemplar políticas de regulación del mercado inmobiliario para evitar consecuencias negativas de los procesos de integración urbana como son la gentrificación, la transformación del suelo social en suelo especulativo, la captación de la plusvalía generada únicamente por los propietarios aledaños, etc.
