Cuando Mauricio Macri creía haber capeado el temporal en el que lo sumió la oposición cuando logró aprobar en la Cámara de Diputados una reforma a la ley que regula el Impuesto a las Ganancias, los vientos, en lugar de amainar arreciaron y la tormenta regresó con una potencia que amenaza futuros acuerdos.
En efecto, los gobernadores se sienten ahora estafados, porque sus provincias -contradiciendo los números que les dibujaban los operadores gubernamentales- perdieron en el toma y daca, alrededor de 30 mil millones de pesos. Lo peor es que éstos no serán equilibrados con las compensaciones que ofreció el Poder Ejecutivo, que propusieron el giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), ni con los impuestos temporarios ni con otros, como el impuesto al juego, que serán resistidos en territorio judicial por sus actores.
Las pérdidas de las provincias no se limitan al Impuesto a las Ganancias, sino que a éste se le debe sumar la reducción de las retenciones a la soja, las rebajas en el IVA y la reforma del Impuesto a los Bienes Personales.
Para peor, la recesión que provocó el Gobierno desde sus primeras medidas -la caída de la industria en el segundo semestre llegó al 3,8 por ciento-, que según Migue Ángel Broda fue “minimizada” por la coalición gubernamental, impactó seriamente en la recaudación de los impuestos coparticipables, lo que echa sombras sobre el humor de los mandatarios provinciales.
Hasta ahora, el primero en reaccionar fue el gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saá, que adelantó que va a reclamar por el tema ante la Corte Suprema de Justicia. Según una de sus espadas principales, el diputado Luis Lusquiños, “la coparticipación sólo se puede cambiar con una ley convenio. El Gobierno maneja números teóricos sobre el retorno del dinero vía consumo, que en realidad no es tal y dice que lo compensa que los ATN, que en realidad es plata de las provincias”, lanzó la estocada a fondo, incisivo.
Tras la aprobación, existió una tensa reunión que convocó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio y al presidente de la cámara baja, Emilio Monzó con los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán) y Juan Manuel Urtubey (Salta) -tres de los más heridos por una votación que se suponía traería la paz-, en la que los mandatarios le reprocharon -por boca del cordobés- a los representantes del oficialismo que “primero nos usaron y ahora quieren que paguemos la cuenta”.
Schiaretti evaluó, además, que la solución de los ATN perjudica a las provincias más grandes y es favorable sólo a las más chicas.
Otros mandatarios sumaban más motivos para enojarse. El colmo lo vivió el mandatario salteño, que mandó a su hermano, el senador Rodolfo Urtubey, a trabajar con Frigerio en un proyecto que no entregara tantas prebendas, pero al ser presentado ante el legislativo, ante las primeras resistencias, el Gobierno -con escasa convicción- retiró de la grilla.
El afán del Gobierno por neutralizar a la CGT y a la oposición generó este sinfín de idas y venidas que culminaron con esta solución, que finalmente no conformó a nadie. Adicionalmente, el problema central de la estructura impositiva argentina es su regresividad y su excesivo peso en las imposiciones sobre el consumo, pero éste fue un punto que sólo planteó algún diputado de izquierda que, como era de esperar, ni siquiera fue escuchado.
Pero la aprobación de esta reforma, que sólo oficia como un parche de un sistema obsoleto y perimido, abrirá posiblemente una indeseada Caja de Pandora el año que viene, habida cuenta de la desconfianza que dejó en los gobernadores, que sienten que fueron la Cenicienta de la boda, pero sin zapatito de cristal ni Príncipe Azul que la rescate del arrabal.
