Después de realizada la audiencia pública, dos comisiones parlamentarias emitieron un dictamen conjunto, con lo cual se cumplieron todos los pasos previos a la sanción de la ley para aprobar un Convenio Urbanístico.
El convenio suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Administración de Bienes del Estado nacional y el Ministerio de Transporte de la Nación sobre la urbanización de unas 12 hectáreas conocidas como Catalinas Norte 2, recibió el viernes por la tarde despacho conjunto de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto de la Legislatura porteña.
Se refiere al predio lindante entre Retiro y Puerto Madero, delimitado por la avenida Antártida Argentina, la calle San Martín, la avenida Madero y la calle Cecilia Grierson, donde se prevé la creación de espacios verdes, obras de utilidad pública y de desarrollo inmobiliario y comercial.
Lo planeado por el Poder Ejecutivo se relaciona con el Paseo del Bajo, que es la obra vial paisajista de conexión rápida entre las zonas norte y sur de la Ciudad, vinculando la Autopista Illia (que lleva hacia la avenida General Paz, el Acceso Norte y la ruta Panamericana) con la Autopista a La Plata.
Los bienes inmuebles desafectados de la actividad portuaria serán afectados a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas urbanas de la Ciudad. De los espacios que se rezonifican un 70 por ciento será destinado a uso público y un 30 por ciento a emprendimientos privados.
Este proyecto tuvo una primera aprobación de los diputados, se expuso a Audiencia Pública y hoy fue analizado por las comisiones de Planeamiento Urbano, que preside el legislador Agustín Forchieri (PRO), y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, que conduce el diputado Alejandro García (PRO). Ambas comisiones emitieron un despacho conjunto de mayoría con el respaldo de las bancadas del PRO, el Socialismo, el Bloque Peronista y Suma+. Adrián Camps (PSA) presentó un despacho en minoría que propone archivar el proyecto, ya que se opone a la venta de tierras públicas.
De esta manera, la iniciativa de ley está a disposición para ser tratada en el recinto y eventualmente sancionada.