Además que su número dos, Julio López, se encuentra bajo la lupa de la Justicia luego de ser encontrado in fraganti enterrando 9 millones de dólares, Julio De Vido, ex ministro de Infraestructura kirchnerista, se encuentra en la mira de la Oficina Anticorrupción, ahora por un presunto fraude de USD 20 millones en el alquiler de depósitos de combustibles.
De esta manera, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió a la Justicia que investigue la contratación de depósitos de combustible a empresas privadas entre 2012 y 2015 que no fueron utilizados. La operatoria fue efectuada por la estatal Enarsa, que quedó con una deuda de 20 millones de dólares.
Según reveló un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la operatoria se originó a raíz de un plan que elaboró Enarsa con el propósito de garantizar el abastecimiento de sus centrales con combustible alternativo y maximizar su rendimiento en el caso de que el sistema eléctrico lo requiera. Para ello se firmó un convenio con Cammesa, que debía hacer frente a los costos.
El plan fue autorizado por la entonces Secretaría de Energía, que funcionaba bajo el mando del Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Así, Enarsa firmó en 2012 contratos con tres empresas, que pusieron a disposición sus servicios de almacenaje y provisión. Fueron Generación Independencia SA (GISA), de Tucumán; PROBATERSA, de Campana; y Chenyi SA, de Entre Ríos.
El informe de la SIGEN advierte que los tres convenios fueron perfeccionados por Enarsa a lo largo de tres años. Y pese a que las tres firmas pusieron sus instalaciones a disposición, los establecimientos nunca habrían sido utilizados a ese efecto.
Además, el convenio que debían firmar Enarsa y Cammesa finalmente no fue suscrito, de manera que la primera quedó como responsable del pago. La empresa acumuló una deuda de aproximadamente 20 millones de dólares con las tres prestatarias por un servicio que no se hizo efectivo.
La denuncia del organismo que dirige Laura Alonso solicita que se abra una causa por posible incumplimiento de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta contra el Estado.