Taser: un problema nacional de derechos humanos

Por Andres Perez Esquivel / 10 de abril 2017

Andres Perez Esquivel

En la misma semana que un medio periodístico develó que el Poder Ejecutivo Nacional compró 20 armas Taser para la fuerza de paz que la Argentina comparte con Chile llamada “Cruz del Sur”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la denuncia que hizo el Observatorio de Derechos Humanos de la CABA a la República Argentina sobre el uso de esas armas eléctricas.

La denuncia aceptada por la CIDH, registrada bajo el número P-1712-16 Adolfo Pérez Esquivel y otros, contó con el apoyo de numerosos dirigentes y representantes de instituciones expertos en la materia: Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Lita Boitano (Organización Familiares de Detenidos Desaparecidos), APDH, Miguel Ángel Estrella, docentes, ATE Capital, Sitraju, CHA, CODESEDH, CEPRODH, Asociación Pensamiento Penal e Hijas e Hijos del Exilio.

Esta causa se inició en 2010 por la compra de Taser para la Policía Metropolitana que hizo el Ex Jefe de Gobierno. Mauricio Macri. Luego de lograr dos fallos favorables en primera y segunda instancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fue rechazada en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia, utilizando argumentos procesales y evitando la cuestión de fondo. Luego de recurrir esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), fue declarada inadmisible, y los policías porteños quedaron autorizados a utilizar las armas electricas que ya habían comprado.

Que la CIDH haya aceptado la denuncia constituye un avance cualitativo importante porque el debate ya no se acota a la CABA, sino que ahora la discusión es contra el Estado Nacional por violar derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica, y el deber del Estado de prevenir la tortura.

Estas armas no son “no letales” como en general se las presenta, han matado a muchas personas y esto ha sido denunciado por organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de la ONU y Amnesty Internacional. Son muchos los casos, que incluso están filmados y disponibles en internet de personas que fueron electrocutadas y murieron en el acto. Sólo en Estados Unidos y en el año 2015, estas pistolas han matado 43 personas.

Por otro lado, estos organismos también han definido a las Taser como un instrumento de tortura. El comité de la ONU mencionado afirmó en noviembre de 2007, que el uso de las armas Taser X26, “provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos casos también puede causar la muerte, como se ha puesto de manifiesto en casos recientes”[1].

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el primer distrito en aplicar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de ‪la ONU, mediante la sanción de la Ley Nº 3298. Sin embargo, el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó la Ley el día 13 de enero de 2010 (Decreto N° 15/2010. Y casual o causalmente, a las pocas horas del veto el entonces Ministro de Seguridad Montenegro, firmó la primer compra de armas Taser mediante la Resolución N° 20/MJYSGC/2010.

Hoy ese mecanismo de prevención de la tortura se volvió a sancionar en el año 2016 para la CABA mediante la Ley Nº 5787, pero el Poder Ejecutivo aún no lo ha reglamentado. También el Congreso de la Nación comenzó a promover la creación de un Comité contra la Tortura bajo su órbita, pero aún no ha comenzado sus tareas tampoco.

Si bien es fundamental la existencia de estos mecanismos para garantizra plenamente los derechos humanos, estas armas deberían estar prohibidas por ley, porque de acuerdo a la Convención Internacional Contra la Tortura, a la que Argentina adhirió, nuestro Estado debe tomar medidas para evitar torturas. El permiso de uso de Taser podría permitir que algunos agentes policiales las utilicen puertas adentro, por fuera de todo protocolo y legalidad, para inflingir tortura a un detenido o retenido. Se trata de un arma que no deja marcas en el cuerpo y cuyos mecanismos de auditoria son falseables porque, si bien tienen una cámara y un log que registra cada vez que es usada, esa grabación puede ser sobregrabada dejando la pistola activa, de manera que se pierdan los registros del hecho. Por eso la pregunta de fondo sigue siendo ¿por qué tanta insistencia de los gobiernos de PRO con las armas Taser? ¿Cuál es la necesidad demostrada para querer usarlas evitando probar con otras alternativas balísticas no letales[2], que no permiten torturar y además son mucho menos costosas?

 

Andrés Pérez Esquivel

Sociólogo (UBA)

Miembro de la Asociación Pensamiento Penal

[1]     Comité contra la Tortura, Informe 39° período de sesiones, A/63/44, 5 A 23 de noviembre de 2007, pág. 44.

[2]    Sitio web: http://alternativeballistics.com/. Video demostrativo: https://www.youtube.com/watch?v=wxE0Bd2Ooco.

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