Mayor inclusión social para mayor seguridad

Por Martín Sánchez / 06 de enero 2017

Martín Sánchez

Ante el debate instalado en la sociedad y los medios de comunicación acerca de la inseguridad colectiva que se vive por la delincuencia juvenil, creo necesario que la discusión acerca de las soluciones para dicha problemática tiene que ser llevada a cabo con responsabilidad y sensatez. Reaccionar reclamando la baja de edad de punibilidad, solicitar penas más severas, responsabilizar a los menores como adultos o judicializar la problemática social de los niños y adolescentes sin atacar las causas por los cuales estos delinquen es síntoma de una dirigencia cortoplacista y sin un proyecto común a futuro que ante un problema trata de taparlo y seguir adelante y no de solucionarlo atacando sus raíces (debido al largo plazo con el que se verían dichos resultados).
Cada vez aparecen mas seguido noticias en los medios que dan cuenta de hechos delictivos protagonizados por menores de edad, en virtud de lo cual se construye un pánico moral, y es a través de este discurso contra los adolescentes marginales que los sectores no excluidos (todavía) legitiman el reclamo de represión y aumento de penas. Dichas soluciones no atacan las verdaderas causas sino que sólo tratan de contener sus consecuencias mediáticas a través de una mayor rigidez del sistema penal, para esconder que, en definitiva, el verdadero drama de la exclusión neoliberal y la fragilización de los vínculos sociales, sólo es atacable mediante el camino de achicar la distribución desigual de la riqueza que los distintos gobiernos no parecen dispuestos a emprender.

Esta exclusión social, creo, se da principalmente por dos grandes factores: la precarización de las relaciones sociales y la educación. Los jóvenes marginados pertenecen a familias desestructuradas, pobres en su mayoría y sin una fuente estable de ingresos, lo que genera que se dificulte el proceso de socialización del niño. Mientras que la falta de educación hace que el niño no escolarizado no reciba los valores pro-sociales que la escuela transmite (solidaridad, generosidad, respeto a las normas, tolerancia, etc) razón por la cual surge una cierta anomia social.

Creo que la idea central de una política sobre delincuencia juvenil debe estar, mediante estrategias sociales, basada principalmente en la prevención y no en la represión, para hacerlos desistir a nuestros jóvenes, nuestro futuro, de iniciar una carrera criminal. Dicha prevención tiene que estar dirigida a socializar e integrar a los niños y jóvenes. La mejor manera de luchar contra la delincuencia juvenil es evitando que surjan jóvenes delincuentes con ayuda de programas asistenciales que abarquen lo social, educacional, laboral, etc.

En última instancia, las respuestas judiciales deberán siempre, basarse en los principios de legalidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, juicio con todas las garantías, proporcionalidad y flexibilidad, basándose en el interés superior del niño, demostrándole al niño que si ésta sociedad quiere que aprenda a vivir con respeto a las normas, es ella misma la que tendrá que mostrarle respeto a la legalidad juzgándolo dentro de ella.

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